Las protestas de la ONG contra la construcción de un oleoducto causaron la interrupción de la obra y un supuesto daño por difusión de información falsa.
Un jurado en Dakota del Norte ordenó a Greenpeace pagar más de $600 millones en daños a la empresa Energy Transfer por su papel en las protestas contra la construcción del oleoducto Dakota Access. La compañía acusó a Greenpeace de financiar a manifestantes para interrumpir la obra y difundir información falsa sobre el proyecto. El veredicto incluye cargos por difamación, invasión de propiedad y conspiración civil, con más de $400 millones en daños punitivos.
Greenpeace calificó el fallo como un intento de silenciar la protesta pacífica y anunció que apelará la decisión. Para ellos caso es un ejemplo de demandas SLAPP, utilizadas por grandes corporaciones para frenar la oposición a proyectos controversiales.
El oleoducto, operativo desde 2017, ha sido duramente criticado por activistas y comunidades indígenas por sus impactos ambientales y territoriales. Expertos en derechos civiles advierten que la sentencia contra Greenpeace podría afectar futuras manifestaciones y el derecho a la protesta.

