El Gobierno Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el nuevo Programa Nacional Hídrico. Esta estrategia establece una ambiciosa meta para recuperar 3 mil millones de metros cúbicos de agua hacia el año 2030, orientando dichos volúmenes al consumo humano.
Para lograrlo, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) buscará activamente recortar asignaciones mediante auditorías, enfocándose en el noreste del país donde ya opera con mano dura; muestra de ello es que, en lo que va de 2026, el organismo ya ha clausurado cinco pozos clandestinos en Nuevo León.
La medida ha encendido las alarmas en el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), debido a que el plan contempla que la modernización y tecnificación de 200 mil hectáreas de riego, financiada con recursos públicos, quede condicionada a que los productores cedan «voluntariamente» el agua ahorrada.
Especialistas advierten que si un agricultor reduce su consumo gracias a la eficiencia tecnológica, el Gobierno le retirará ese excedente en lugar de permitirle expandir su capacidad productiva, amenazando además con iniciar procesos administrativos de revocación si las auditorías detectan volúmenes no utilizados o bajo una «libre interpretación» de uso irresponsable.
Este nuevo panorama representa un duro golpe para el sector agrícola, ya que rompe los acuerdos alcanzados a finales del año pasado, cuando la Conagua se había comprometido a eliminar los criterios discrecionales en la renovación de títulos e incluir reformas para facilitar el traspaso de derechos por herencia o venta de tierras.
Adicionalmente, los productores denuncian que la Federación está reduciendo drásticamente la vigencia de las concesiones, las cuales duraban entre 10 y 30 años en el sexenio pasado.

